30.000 funcionarios de la AGE cobran cerca del SMI. El alquiler en Madrid ya cuesta más que su sueldo

El 9 de junio, un grupo de empleados públicos se concentró frente al Ministerio de Hacienda en Madrid. No pedían nada extraordinario. Pedían 1.500 euros netos al mes. Según CCOO, que convocó la concentración, unos 30.000 trabajadores de la Administración General del Estado —el 15% de la plantilla— tienen ingresos cercanos al Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 2026 en 1.221 euros brutos mensuales según el Real Decreto 126/2026 publicado en el BOE el 18 de febrero.

Esos 30.000 funcionarios trabajan en la administración central del país. Y muchos de ellos tienen su puesto de trabajo en Madrid.

Lo que cuesta vivir donde te mandan

En el primer trimestre de 2026, el precio del alquiler en Madrid capital cerró en 31,1 euros por metro cuadrado al mes, según los datos de Brainsre.news. Un piso de 50 metros cuadrados —lo mínimo razonable para vivir— cuesta 1.555 euros mensuales. Un piso de 60 metros, 1.866 euros.

Eso es más que el SMI. Más que el sueldo de 30.000 personas que trabajan para el Estado.

No hace falta calcular el esfuerzo hipotecario ni el ratio de endeudamiento. El número es directo: si cobras cerca de 1.221 euros brutos y el alquiler más básico en Madrid cuesta 1.555 euros, no hay ecuación que funcione. Ni con ayuda familiar, ni con compañero de piso, ni esperando al final de mes.

Dos sindicatos en la calle al mismo tiempo

Lo llamativo de este junio no es que un sindicato haya pedido subidas salariales. Eso ocurre todos los años. Lo llamativo es que dos sindicatos con posiciones distintas se movilizaron de forma casi simultánea con el mismo diagnóstico.

CCOO convocó la concentración del 9 de junio frente a Hacienda bajo el lema de un sueldo mínimo de 1.500 euros netos para toda la AGE. El sindicato argumentó que, a pesar de que las subidas salariales pactadas se vinculan al IPC, el poder adquisitivo de los empleados públicos sigue cayendo porque el coste de vida crece más deprisa que los salarios.

CSIF, por su parte, anunció concentraciones desde el 11 de junio para exigir el desbloqueo del V Convenio Único, el acuerdo que regula las condiciones de los empleados laborales de la AGE. Según el sindicato, esos trabajadores cobran de media 7.380 euros menos al año que sus homólogos en otras administraciones públicas por el mismo tipo de puesto.

Dos mensajes distintos, una sola causa: el Estado paga peor de lo que debería, y eso tiene consecuencias concretas cuando el mercado de vivienda no perdona.

La subida que no llega a nada

En 2026, los funcionarios reciben un incremento salarial del 1,5%, consolidable, según el marco fijado por el Real Decreto-ley 14/2025. Se suma al 2,5% de 2025. El acuerdo entre Gobierno y sindicatos contempla una subida acumulada del 11% entre 2025 y 2028.

Ese 1,5% en 2026 se ha traducido, para un funcionario del grupo A1, en 12,65 euros más en la paga extra de verano de junio, según publica El Confidencial Digital. Para los grupos más bajos, la cifra es menor.

El alquiler en Madrid subió un 14,9% en el último año según los datos de Brainsre.news. La paga extra sube 12,65 euros. El alquiler de un piso de 50 metros sube, a ese ritmo, unos 200 euros al mes respecto al año anterior.

No hay margen. La brecha entre lo que cobra el funcionario y lo que cuesta vivir donde trabaja no se está cerrando. Se está abriendo.

El empleador que no puede garantizar vivienda a sus propios trabajadores

Hay algo estructuralmente paradójico en esta situación. El Estado es el mayor empleador de España. Exige destinos. Decide dónde trabaja cada funcionario. Y en muchos casos, ese destino es Madrid, la ciudad con el alquiler más caro de España.

Cuando el mercado falla para el ciudadano, se espera que el Estado intervenga. Pero cuando el mercado falla para el propio empleado público, el Estado es al mismo tiempo el empleador que fija su sueldo y el regulador del mercado que lo está expulsando. Son dos políticas que van en direcciones opuestas sin que nadie las haya puesto juntas en la misma mesa.

La concentración del 9 de junio frente a Hacienda no es una anécdota sindical. Es el síntoma visible de esa contradicción. Mientras no se resuelva —con salarios que reflejen el coste real de vida en los destinos, con vivienda pública vinculada al empleo público, o con ambas cosas— la ecuación seguirá sin cuadrar para decenas de miles de personas que tienen trabajo fijo en el Estado y no pueden pagar el alquiler en la ciudad donde ese Estado las manda a trabajar.

Fuentes: CCOO concentración frente a Hacienda, PressDigital, 8 junio 2026 · CCOO y CSIF movilizaciones, El Independiente, 1 junio 2026 · SMI 2026, SEPE / BOE Real Decreto 126/2026 · Alquiler Madrid Q1 2026, Brainsre.news · Paga extra verano 2026, El Confidencial Digital, 16 junio 2026